En Argentina se está configurando una tormenta perfecta sobre uno de los derechos más sensibles y básicos que es el acceso a la salud. Mientras el Estado nacional profundiza el ajuste sobre el PAMI, el mercado privado de medicamentos accesibles comienza también a derrumbarse. El resultado es una combinación explosiva que golpea directamente sobre jubilados, trabajadores informales y millones de personas que dependen de los genéricos baratos para sostener tratamientos médicos esenciales.
Los números del ajuste son contundentes. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las transferencias nacionales al PAMI registraron una caída real del 54,4%. No se trata solamente de una variable fiscal. Detrás de ese porcentaje hay millones de jubilados que dependen exclusivamente de esa obra social para acceder a consultas, estudios, tratamientos y medicamentos. Ocho de cada diez jubilados tienen al PAMI como única cobertura sanitaria.
El problema es que el deterioro ya empezó a trasladarse a la atención concreta. Los médicos de cabecera denuncian pagos que rondan apenas los 2.100 pesos por afiliado, una cifra que vuelve inviable el sostenimiento de consultorios y genera renuncias masivas en distintos puntos del país. Cada profesional que deja de atender implica cientos de adultos mayores que quedan sin seguimiento clínico, sin recetas y sin referencia sanitaria en un contexto de creciente vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, aparecen denuncias gravísimas sobre irregularidades y redes de fraude dentro del propio sistema del PAMI, incluyendo sobrefacturación y órdenes médicas sin respaldo clínico en distintas prestaciones. El problema es doble, porque mientras el Tesoro Nacional reduce partidas esenciales, tampoco logra garantizar controles eficientes sobre los recursos existentes. El ajuste y la desorganización terminan conviviendo en el mismo escenario.
En este contexto también hay una crisis institucional silenciosa que agrava todo. Desde 2009, la Argentina mantiene vacante la figura del Defensor del Pueblo de la Nación. Eso significa que millones de ciudadanos carecen de un representante colectivo con legitimidad institucional para denunciar sistemáticamente el vaciamiento de políticas públicas esenciales, entre ellas el acceso a la salud y a los medicamentos.
Las consecuencias ya empiezan a sentirse en las provincias y particularmente en Buenos Aires. Cuando el PAMI deja de cubrir prestaciones o cuando los jubilados no pueden comprar sus remedios, el sistema público provincial absorbe esa demanda. Hospitales que ya trabajan al límite deberán enfrentar un aumento de consultas, internaciones y tratamientos de pacientes expulsados tanto del sistema nacional como del mercado privado.
Por eso el debate no puede reducirse a una planilla de Excel ni a una lógica exclusivamente fiscal. La salud no es un gasto prescindible ni un servicio sujeto únicamente a las reglas del mercado. Es un derecho humano básico y una responsabilidad indelegable del Estado.
Porque cuando se destruyen simultáneamente el financiamiento público y las alternativas privadas de bajo costo, lo que se pone en discusión es el derecho mismo de millones de personas a seguir accediendo a la salud, porque lo que entra en crisis es el sistema sanitario.
Fuentes y referencia
• Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) https://opc.gob.ar/?utm_source Caída real del 54,4% de las transferencias nacionales al PAMI durante el primer cuatrimestre de 2026. • Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) – Ministerio de Economía de la Nación • PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados